AREQUIPA, Perú – Unos 40 obreros campesinos en Matanzas denunciaron el impago de siete meses de salarios por parte de los directivos de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Cuabalito, ubicada en el municipio de Jovellanos.
“Somos alrededor de 40 personas a las que se les debe un mes de salario de 2021 y seis meses de 2022, lo cual representa un total de 500.000 pesos. Hemos tramitado el asunto con todas las organizaciones a las que pertenecemos y no ofrecen solución porque, según sus directivos, no la tienen en sus manos”, reza una misiva enviada a la redacción del periódico oficial Girón.
Según explica la carta, en julio de 2022 asumió una nueva dirección en la UBPC y continuó pagando a quienes aún permanecían allí. Desde enero de 2023 dicha directiva manifestó que saldaría la deuda poco a poco, pero lo han hecho.
Carlos Luis Naranjo Suárez, delegado provincial de la Agricultura; y Marlenis Sánchez Álvarez, jefa de la oficina de Atención a la Población, se pronunciaron sobre el caso.
Al respecto señalaron que existió una comisión investigadora sobre el impago alos obreros, la cual durante las pesquisas visitó la entidad de marras. Allí los especialistas consultaron la documentación existente y entrevistaron a Jacinto Lázaro González, presidente de la UBPC.
“A todos los compañeros con idéntico planteamiento le informamos que la cooperativa no paga salario, sino anticipo, garantía de la producción, y se recupera de acuerdo con los resultados productivos, según lo explicita el Decreto-Ley 365, de las cooperativas agropecuarias, en su Sección Segunda, del Régimen Económico de las UBPC”, alegó González.
Asimismo, los funcionarios constataron que en la entidad no existe ningún documento que refleje la deuda salarial con los obreros.
De acuerdo con el reporte, el Artículo 40,1 de la Ley de Cooperativas Agropecuarias, “establece que en los ingresos totales obtenidos durante el ejercicio fiscal, se deduce el pago de las obligaciones contraídas (…) las del proceso productivo y prestación de servicios, así como las obligaciones del presupuesto del Estado, según corresponda”.
Durante la investigación los funcionarios comprobaron también que la cooperativa en cuestión no ha saldado las deudas pendientes con el presupuesto estatal, según la legislación tributaria. Por consiguiente, la entidad justifica no estar en condiciones de efectuar ningún otro pago.
“No obstante, continuamos analizando la pretensión de los demandantes, si bien ninguno de ellos labora actualmente en la cooperativa, ni tampoco han aportado nuevos elementos que corroboren los impagos de referencia”, agregaron.
En abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en la Universidad de Miami su “Informe sobre los derechos laborales y sindicales en Cuba”, en el que se denuncia la persistencia de “patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos laborales” en la Isla.
Según el informe, “la inexistencia de democracia” en Cuba impide el ejercicio pleno de los derechos laborales y sindicales, afectados además por un “peculiar contexto socioeconómico” que atraviesa el país.
Entre los problemas señalados se encuentran “situaciones de precariedad laboral, empeoramiento de las condiciones de contratación, ausencia de medidas de protección de la salud y seguridad laboral y falta de libertad de expresión en el lugar de trabajo que da lugar a sanciones disciplinarias, expulsiones e incluso, despidos injustificados”.
El informe resalta que el 92,3 % de las personas entrevistadas consideran que no se están respetando los derechos laborales en Cuba, y el 98,4 % no perciben la existencia de libertad sindical en su país.
Además, el 93,8 % entiende que no se está observando el debido proceso en el ámbito de las reclamaciones laborales, mientras que el 72,3 % siente que no pueden o temen acceder al sistema de justicia laboral en Cuba.