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LA HABANA, Cuba -. La Corte Suprema de Justicia Masónica de la Gran Logia de Cuba sentenció a siete años de suspensión de derechos masónicos (separado de la Masonería) al Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, José Ramón Viñas Alonso.
El documento, con fecha de este 22 de febrero, contradice la sentencia original firmada dos días antes y en la que el acusado quedó exonerado de los cargos, además de aparecer sin los cuños ni las firmas pertinentes.
Viñas Alonso, además de su alto cargo (los dos principales son el Gran Maestro y el Soberano), se ha convertido en un líder reconocido dentro de la comunidad masónica cubana dentro y fuera de la Isla, fundamentalmente tras su rechazo a la represión de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021. Por tal razón, su expulsión de la Orden de la masonería es un objetivo de la Seguridad del Estado.
El Soberano fue enjuiciado el 17 de febrero ante la Corte Suprema de Justicia Masónica tras ser acusado por el Gran Maestro (GM), Mario Urquía Carreño mediante Decreto No. 1575 del 22 de enero último; el supuesto delito se sustenta en presuntas violaciones de la legislación masónica cometidas por el Soberano al dirigirse a los masones para comunicarles sobre el robo de 19 mil dólares acaecido en la oficina del GM en la Gran Logia de Cuba el 5 de enero último.
Al día siguiente de publicarse la sentencia No. 01/24 en la que resultó exonerado de los cargos (por falta de evidencias), el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Masónica, Ernesto Valdés García, quien trabaja para Mario Alberto Urquía Carreño en su mipyme EDIFICA S.U.R.L., pese a no existir nuevas evidencias, comenzó a citar de urgencia al acusado y al presidente de la sala de audiencias para efectuar un nuevo juicio en menos de 24 horas.
A la presunta nueva vista oral no asistió el acusado debido a que se le notificó con poca antelación, otros ni siquiera fueron avisados, como fue el caso de Zamir Brindis Limonta, presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia Masónica (en la que se celebró la vista oral el 19 de febrero), o sea, el juez a cargo del caso.
En un comunicado al que CubaNet tuvo acceso, Brindis Limonta afirmó que no se le comunicó cuando este debería ser el procedimiento, tampoco se le notificó al Secretario, el cual es el que certifica todos los documentos que emite la corte.
CubaNet corroboró que ese día, el miércoles 22 de febrero, no sesionó la Corte Suprema en su lugar habitual, el décimo piso de la Gran Logia, por lo que “lo más probable es que la nueva sentencia se haya cocinado en la oficina del Gran Maestro en el onceno piso, con lo cual estarían violando todas las leyes e incluso la división de poderes establecida en la Masonería, según lo cual el Ejecutivo (el Gran Maestro y su gabinete) no puede entrometerse en los asuntos del poder Judicial, o sea, la Corte Suprema de Justicia Masónica; además de ignorar y violar la sentencia original, la cual suspendió el proceso”, explicó a CubaNet un masón bajo condición de anonimato.
Brindis Limonta asevera igualmente que ese mismo día, pese a su experiencia en juicios masónicos anteriores, el presidente de la Corte propuso –y luego dictaminó– su suspensión como magistrado y, por ende, su separación del proceso en curso, alegando que este no tenía “el conocimiento necesario”.
El Soberano considera la suspensión “fuera de la ley”, así como asegura que el “mal proceder” pone “en tela de juicio” a la Corte Suprema de Justicia Masónica.
Otro masón con amplios conocimientos sobre la legislación masónica declaró a CubaNet que “esa sentencia es falsa porque no la hicieron quienes componían la sala que juzgaba a Viñas en el momento que comenzó el juicio”.
“Cualquier cosa que modifique ese hecho conlleva a recomenzar el proceso, pero si además tenemos en cuenta la violación flagrante de la ley en cuanto a los mecanismos y procedimientos judiciales, no hay nada que hacer, se da cuanta uno de que hay una mano atrás que no es fraternal, que está empujando por lograr que al Soberano lo saquen del medio. Cualquiera que no sepa puede pensar que por lo menos en esa sentencia falsa no lo botaron, pero es que ese detalle es con lógica, y es para que no llegue la discusión a la Alta Cámara”, agregó.
Intromisión de la Seguridad del Estado
En la sentencia original, la que dictamina la exoneración de Viñas Alonso, el magistrado y el Secretario, Jorge Esteban Rodríguez Suris, reconocen que el “proceso está siendo influenciado por agentes externos al mismo, lo cual pone en tela de juicio el actuar de la Corte y su apego a la ley”.
Un masón de alto rango que solicitó el anonimato ante posibles represalias, refirió a CubaNet que “esta nueva sentencia, en la que se viola la legislación masónica y luego de un supuesto juicio al que no asistieron ni el acusado ni el Presidente y Secretario de la Sala, corrobora lo que varios hermanos venimos alertando y es la intromisión de la Seguridad del Estado. Probablemente esta sea la mayor de todas, la más descarada en estos 65 años de dictadura”.
“Estamos ante una guerra contra el aparato represivo, que quiere deshacerse de quienes le resultamos incómodos, porque saben que los masones están despertando y están asumiendo cada vez más su compromiso con las libertades. Y el Soberano es un ejemplo de eso, miles lo apoyamos, por eso lo han convertido en un blanco de sus ataques”, añadió.
CubaNet corroboró con fuentes cercanas a Mario Urquía que su mypime EDIFICA S.U.R.L fue objeto de una investigación el pasado año; fue un proceso de varios meses que culminó en la paralización de las obras pues le hallaron varias faltas graves.
“Ante la posibilidad de ir preso, Mario [Urquía] ha preferido pactar con la Seguridad”, señaló otra fuente próxima a la Gran Maestría. Y añadió: “ya no le interesa la Masonería, lo que quiere es salvar su pellejo”.
Respecto a los 19 mil USD robados, la policía continúa las investigaciones pero, hasta el momento, el único sospechoso continúa siendo el propio Gran Maestro, quien además de los delitos tras las investigaciones a su negocio, esta semana el Patronato del Asilo y el Director del Asilo Nacional Masónico acusaron ante las autoridades por “incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas” (Artículo 303 del Código Penal) e “incumplimiento del deber de denunciar” (Artículo 204), porque aunque hizo la denuncia del robo, solo lo hizo casi una semana después y por exigencia del Patronato del Asilo y, además, manifestó intención de ocultarlo.
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