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Los fiscales cubanos están abandonando la toga y uno de los territorios en los que más se nota que disminuye la plantilla de juristas es en Ciego de Ávila.
Invasor detalló que entre 2022 y 2023, se ha producido una salida significativa de fiscales en Ciego de Ávila, con 28 renuncias que superan las 22 que se dieron en los cinco años anteriores.
Esta situación ha llevado a que la Fiscalía Provincial opere con poco más de la mitad de la plantilla necesaria para sus 10 municipios.
Ante la dificultad de llenar las 93 plazas, actualmente ocupadas por 52 fiscales, se ha generado un debate sobre posibles soluciones para paliar esta crisis.
El vicefiscal general de la República, Reinaldo Cruz Rivera, dijo que se deben buscar alternativas para fortalecer el cuerpo fiscal, asumir medidas excepcionales y reconocer el desempeño de jóvenes graduados de Técnico Medio en Derecho.
En la Universidad de Ciego de Ávila «Máximo Gómez Báez», algunos estudiantes de Derecho trabajan con la Fiscalía desde su tercer año académico. El régimen asegura que esta es una práctica que les ha dado buenos resultados pero que aún es insuficiente para atender la alta demanda de juristas en la provincia.
La salida de fiscales en activo supera el ritmo de egresados. La formación de futuros juristas es un reto en el país. El gobierno está considerando ajustes curriculares y la posibilidad de incrementar el número de estudiantes en la especialidad.
Sin embargo, la realidad económica y social de Cuba es crítica y brinda oportunidades laborales más lucrativas fuera del sector público, lo que agrava la situación.
Cruz Rivera pidió a sus subordinados que reflexionen sobre las razones de la fuga de talentos y la importancia de retener a profesionales cualificados.
La ausencia de fiscales también repercute en el aumento de la criminalidad y limita la efectividad de la justicia en la región.
La falta de personal afecta el control de la investigación penal y dilata los procesos judiciales. Los juristas reconocieron a la prensa oficialista que todo esto tiene consecuencias en las garantías constitucionales de los ciudadanos.
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