La situación de la activista cubana Aniette González García ha tomado un giro preocupante tras la solicitud de la Fiscalía de Camagüey de condenarla a cuatro años de prisión. González García, detenida desde marzo por posar con la bandera cubana, enfrenta cargos por ultraje a los símbolos patrios, en una muestra de la continua represión de la libertad de expresión en Cuba.
De acuerdo con el reporte de La Hora de Cuba, la activista de 44 años conoció la petición fiscal a través de su abogada. Se espera que su juicio se lleve a cabo a principios de septiembre, después de que fuera arrestada el 23 de marzo por sumarse a la campaña artística «Drapeau» con la etiqueta #LaBanderaEsDeTodos, una iniciativa impulsada por líderes de la sociedad civil cubana para reivindicar la libertad de uso de los símbolos patrios.
La detención de Aniette González García la llevó primero a manos de la Seguridad del Estado en Camagüey y posteriormente a la cárcel Kilo 5, en régimen «severo», en el reparto Albaiza de la misma ciudad. Su hija, Aniette Ginestá, expresó su indignación ante la petición de una condena de cuatro años por un acto que, en esencia, ejercía los derechos fundamentales de libertad de opinión, conciencia y expresión, reconocidos incluso por la Constitución cubana.
La Ley de símbolos establece que los símbolos patrios pueden ser usados en prendas de vestir al frente de las mismas, y dispone su uso en publicidad siempre que promueva valores patrios y la conciencia de respeto a la tradición histórica. Sin embargo, la interpretación y aplicación restrictiva de esta ley por parte de las autoridades demuestra una preocupante limitación de la libertad creativa y de expresión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha denunciado este caso ante organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El grupo basado en Madrid, España, sostiene que el arresto de González es un ejemplo de detención arbitraria y una violación de derechos fundamentales, lo que refleja un conflicto entre la represión estatal y la protección de derechos humanos inalienables.
El OCDH también señaló la doble moral en este asunto, donde figuras políticas y artistas cercanos al régimen han evitado enfrentar acoso o denuncias por actos similares. Esto subraya la persistente discriminación y el trato desigual bajo la ley por razones políticas, exponiendo la instrumentalización de la justicia para reprimir voces disidentes.
El caso de Aniette González García resalta una vez más la necesidad de garantizar la libertad de expresión y la protección de derechos humanos en Cuba. La petición de cuatro años de cárcel por posar con la bandera cubana refleja un ambiente represivo que limita la diversidad de opiniones y creatividad en la sociedad cubana actual.