Foto: Cuba Noticias 360 (imagen de referencia)
Texto: Fede Gayardo
Los tribunales de Cuba juzgaron hasta finales de agosto de este año a 1 615 personas por conductas asociadas al delito de sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de carne, según informó el diario estatal Granma.
A pesar de que la fuente no reveló la comparativa del dato actual con el de igual período del pasado año, sí destacó que al 90 % de los sancionados se les impuso privaciones de libertad, al 78 % de ellos de hasta 15 años.
El reporte agrega que, de acuerdo con el Código Penal y a las circunstancias concurrentes en los hechos, también se les aplicaron a los acusados el decomiso o la confiscación de bienes, así como otras sanciones accesorias dispuestas en la ley cubana.
Además, se acordó la obligación de los responsables de abonar a los afectados el monto de los perjuicios causados.
En el Código Penal de la isla se establece que a quienes sacrifican ganado ajeno se les pueden imponer penas de 4 a 10 años de privación de libertad. Mientras, si intervienen en cualquier variante de tráfico de carnes podrían recibir sanciones de 3 a 8 años de cárcel.
Por otra parte, en el caso de los receptadores de esos delitos, se pueden exponer a sanciones de seis meses a un año de cárcel o multa de 100-300 cuotas o, incluso, ambas.
El citado medio aclara que si la carne se destina como suministro a centros de elaboración, producción, comercio o venta de alimentos, la sanción podría incrementarse de uno a tres años o podría imponerse una multa de 300 a mil cuotas o ambas.
Igualmente esta sanción puede ser impuesta al propietario o poseedor legal que, “sin la autorización administrativa o causa que lo justifique”, sacrifique ganado mayor.
Estas sanciones también se extienden a actividades de adquisición, transportación, comercialización u otras variantes de tráfico de carne que provenga de sacrificios ilegales.
Con el objetivo de controlar dichas actividades, el Estado cubano comenzó en marzo pasado el ejercicio de control del uso y tenencia de la tierra y la ganadería, con el cual visitaría a los más de 80 000 tenedores de ganado, tanto naturales como jurídicos.
Como resultado de este censo se ha informado en medios estatales de la visita al 85% de los tenedores de ganado bovino, durante las cuales se reportaron más de 150 000 ilegalidades, más del 90% han quedado resueltas.
En cuanto a las multas impuestas se conoció que estas han ascendido a más de 172 millones de CUP y además se han extinguido contratos y se han presentado algunos procesos judiciales a productores con grandes problemas en el manejo del ganado.
Entre los problemas más identificados, según fuentes estatales, se encuentran las compraventas ilegales, los animales sin marcaje, la no declaración de los nacimientos, así como las faltas y muertes que no contaban con la documentación adecuada.