Los despidos colectivos en el sector de las telecomunicaciones han pasado a ser casi un hábito ante la complicada situación que viven las compañías en el que puede que sea el único sector deflacionista en los últimos años.
Los operadores han destruido decenas de miles de empleos en la última década con Masorange y un ERE voluntario para hasta 795 empleados como último exponente, pero estos procesos solían estar caracterizados por unas generosas condiciones de salida que se han ido erosionando, algo que los sindicatos de este operador quieren evitar en esta ocasión.
En su comunicado tras conocerse el ERE, UGT lo dejaba claro: aspiraba a repetir las condiciones que se dieron en Orange en 2021, el último despido colectivo del grupo que se saldó con 400 salidas.
En ese momento, la mitad de las salidas se acometieron a través de prejubilaciones a partir de los 54 años y con derecho a percibir un 85% de su salario regulador.
Asimismo, los pagos al resto de trabajadores afectados fueron de entre 57 y 62 días por año trabajado en función de su nivel de ingreso.
Las condiciones contrastan por ejemplo con las pactadas en los últimos despidos del sector, que arrancaron además con ofertas iniciales rozando el mínimo legal. En el caso de Avatel, se han abonado entre 33 y 35 días por año trabajado y en Vodafone, los trabajadores cobraron una indemnización de entre 33 y 45 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades.
Complicado de predecir
En el caso de Masorange, es complicado predecir cuál será la oferta de salida de la empresa, ya que su equipo directivo no tiene trayectoria previa negociando este tipo de procesos. En su comunicado a la plantilla, la dirección aseguró que ofrecería “condiciones justas y satisfactorias con las personas incluidas en el plan”
Sin embargo, la corta relación desde la fusión de abril entre los sindicatos y la dirección no ha sido especialmente plácida y ha estado salpicada por polémicas y críticas de los antiguos trabajadores de Orange por situaciones como el pago de un bono por la fusión solo a los antiguos trabajadores de MásMóvil.
A favor de una generosa indemnización jugará que la compañía cuenta con una buena salud financiera y comercial tras la fusión y no hace el ERE por un mal rumbo comercial, si bien sí que arrastra una importante deuda procedente del megadividendo repartido entre los accionistas y el pasivo con el que ya contaba MásMóvil.
Entre las incógnitas del procedimiento se encuentra cómo será el reparto entre las distintas marcas afectadas, ya que también toca a los operadores regionales de MásMóvil en el norte (R, Telecable y Euskaltel), lo que puede generar un impacto desigual territorialmente.