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El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, cuya tramitacin parlamentaria decay por el adelanto electoral, que obligar a las empresas a contar con un plan de movilidad en el plazo de dos aos para garantizar que los trabajadores tiene frmulas sostenibles de acudir a su centro de trabajo, como transporte pblico o -si no lo hay- soluciones de transporte colectivo (autobuses) u opcin de teletrabajar.
Segn el texto del anteproyecto de ley que se utiliza como base en esta ocasin -de 132 pginas y que ya fue sometido a audiencia pblica-, «las empresas tendrn un plazo de dos aos para establecer un plan de movilidad sostenible al trabajo para los centros en los que haya ms de 500 trabajadores o 250 por turno«. Ese plan debe ser negociado con los representantes de los trabajadores o, en ausencia de ellos, con una comisin negociadora constituida ad hoc con los sindicatos ms representativos del sector, y debe incluir «soluciones de movilidad sostenible que contemplen, por ejemplo, el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de cero emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa, el teletrabajo en los casos en los que sea posible, entre otros».
«Como novedad hay que entenderlo porque se incorpora a esta ley, pero la existencia de estos planes no es ninguna novedad. Las empresas de este tamao ya estn haciendo planes de movilidad sostenible desde hace tiempo, por conveniencia. Por ejemplo, Renault en Valladolid ahorra 700.000 euros en el Impuesto de Actividades Econmicas por tener un plan de este tipo, porque muchas ordenanzas municipales contemplan bonificaciones por tener este tipo de planes», ha defendido Puente, exalcalde de esa ciudad.
A partir de ahora, estos planes sern obligatorios y se formularn en el mbito de la negociacin colectiva; el Gobierno crear un registro -similar al de los planes de igualdad- para que las empresas presenten sus planes ya acordados. «La Negociacin Colectiva Verde se incorpora por primera vez a nuestro ordenamiento jurdico y constituye un nuevo mbito para el desarrollo de la negociacin colectiva», ha sacado pecho el Ministerio de Trabajo en un comunicado.
El ministro de Transporte y Movilidad, scar Puente, principal responsable de la norma, ha explicado que su aprobacin est vinculada al Plan de Recuperacin y es, por tanto, un hito a cumplir para seguir recibiendo desembolsos de los fondos europeos. Los objetivos perseguidos, ha dicho, son de tipo econmico -ya que la movilidad se lleva el 3% del gasto de las familias y supone el 5% del PIB-, social y de sostenibilidad -ya que un 27% del total de emisiones de gases de efecto invernadero proceden del transporte, por encima de la media europea-.
Peajes en las ciudades
La norma contempla tambin incentivos para fomentar el transporte de mercancas por ferrocarril en detrimento del transporte por carretera, mucho ms contaminante. «Queremos subir ms mercancas al tren y bajarlas de la carretera. En nuestro pas tenemos la tasa ms baja de la UE de transporte de mercancas en el ferrocarril, del 4% frente al 10% de media de la UE, una brecha que tenemos que cerrar», ha apuntado Puente, que ha precisado que entre estos incentivos no figurar la inclusin de peajes por uso de carreteras, como inicialmente se haba planteado.
«Quiero recordar que el mecanismo de pago por uso se elimin e incluso su estudio y se quit la mencin a su financiacin cuando se remiti la norma al Parlamento. Como lo que se remite ahora es lo mismo, no figura en la ley. El pago por uso no est contemplado en la ley, si se quisiera incluir debera ser va enmiendas. No figura porque se acord con la Comisin la supresin de esa figura del pago por uso a cambio de tres premisas: desarrollar autopistas ferroviarias donde haya demanda empresarial, bonificaciones de los cnones de mercancas durante cinco aos y un programa de apoyo de incentivos para cambiar el sistema modal de carretera por el ferrocarril», ha asegurado.
Esta posible inclusin de peajes ha sido motivo de polmica en mltiples ocasiones, ya que inicialmente se contempl -el propio director de la Direccin General de Trfico lleg a admitir que se aprobara a instancias de Bruselas- pero finalmente el Gobierno negoci con la Comisin eliminar esta medida de los hitos comprometidos.
Aunque no habr peajes nacionales, la ley s «permite a los municipios poder poner peajes en el interior de los municipios urbanos. La ley habilita pero no obliga«, ha precisado Puente, «sern los municipios los que deciden si implantan o no un sistema de peajes».
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