PUERTO PADRE, Cuba.- “¿Los tribunales de Estados Unidos pueden juzgar a personas involucradas con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate…?”, es una pregunta que me han hecho esta semana. Y, sí, por las razones que ahora veremos, tanto las instancias federales como las estatales tienen jurisdicción y pueden conocer y juzgar esos hechos, de los que ya existen sentencias condenatorias que constituyen precedentes jurídicos.
En el caso de Florida, estado donde ocurrieron conspiraciones que devinieron asesinatos en concertación con estos sucesos, existe una ley antiterrorista a la que las autoridades pueden recurrir en debido proceso, cuando así lo estimen conveniente.
El asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate Armando Alejandre Jr., de 45 años de edad; Carlos Alberto Costa, de 29 años; Mario Manuel de la Peña, de 24 años y Pablo Morales en edad de 29 años, tres de ellos ciudadanos estadounidenses y uno con estatus de residentes en Estados Unidos –aunque no ocurrieron en territorio americano sino en aguas internacionales y a manos de pilotos militares cubanos, los hermanos Lorenzo y Francisco Pérez Pérez–, es un crimen que tiene su origen en un delito de espionaje, que aunque fue una conspiración diseñada y dirigida desde La Habana, Cuba, se desarrolló en suelo estadounidense, principalmente, en Miami y otras ciudades de Florida.
El caso
Igual ocurre con los asesinatos en grado de tentativa de los ciudadanos José Basulto, Arnaldo Iglesias, y Silvia y Andrés Iriondo. Sí, su persecución ocurrió en alta mar por parte del piloto militar cubano –ahora con parole en Estados Unidos– Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, pero ese seguimiento se inició en Miami, por agentes de la inteligencia cubana.
En sus informaciones y apreciaciones se basó el alto mando castrista para elaborar un plan que, en lugar de ocurrir cumpliendo con los protocolos internacionales establecidos, tratándose de una avioneta civil, desarmada, que conceptúan hacer una alerta inicial, procediendo a su interceptación y escolta, en caso de ser desobedecido, sucedió de manera distinta –ya vimos qué pasó con dos avionetas, aunque no con la de Basulto.
De haberse producido el derribo de esa avioneta seguida por González-Pardo Rodríguez, forzosamente, también se hubiera producido la muerte de sus tripulantes como en el caso de los dos Cessna pulverizados por los hermanos Pérez Pérez. Pero tanto la persecución como los asesinatos –no debemos perder de vista nunca– fueron el resultado del espionaje de la Red Avispa sobre los Hermanos al Rescate en Miami.
Sólo poseyendo información de sus agentes de penetración situados en Miami, así como de agentes de alto perfil colocados en Washington, con capacidad para influir e informar de las decisiones tomadas, o que probablemente tomaría la administración Clinton en una situación análoga, fue que persiguiendo una avioneta Cessna de Hermanos al Rescate –luego de haber sido derribadas otras dos–, pasadas las tres y media de la tarde del sábado 24 de febrero de 1996, un avión MiG 29, dejando atrás las aguas jurisdiccionales de Cuba, cruzó sobre la zona internacional llamada por militares estadounidenses, “línea de gatillo”, situándose a unos tres minutos de Estados Unidos.
Del otro lado…
Lista para despegar con plena capacidad operativa, en la cabeza de la pista de Homestead, Florida, había una escuadrilla de cazas F-15 y F-16 que, en ningún momento y por “órdenes superiores”, según dijeron oficiales, hizo por levantar vuelo y actuar, y que incluso sin llegar a ser una acción de ataque, sí hubiera sido de prevención, al tener efecto disuasorio sobre los MiG. Pero esa fue la decisión de la administración Clinton.
Existe, registrada de forma oficial por el Gobierno de Estados Unidos, una muy profusa, detallada y esclarecedora información, oral y gráfica, en que consta cómo desde el mismo instante en que despegaron de su base en San Antonio de los Baños, los radares estadounidenses, incluso desde California –el mayor Jeffrey Houlihan, al frente de los radares de la base aérea de Riverside, ha declarado al respecto– detectaron y mantuvieron bajo observación los MiG que fueron contra los Cessna de Hermanos al Rescate.
Aunque indultado luego por el presidente Obama, el jefe de la Red Avispa fue sentenciado por un tribunal estadounidense y, entre otros cargos, fue sancionado por las muertes de los Hermanos al Rescate.
Y ahora, uno de los pilotos de combate, el señor Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, que formó parte de la escuadrilla de MiG que en aquella ocasión tuvo la tristísima misión de derribar avionetas indefensas, vive en Estados Unidos, país cuyos tribunales poseen jurisdicción para juzgarlo por lo que hizo o dejó de hacer aquel sábado 24 de febrero de 1996.
Y sería bueno, por el bien de la justicia y quizás hasta de él mismo, ver a González-Pardo Rodríguez en la Corte.