La madre cubana Regladys Carbonell, quien vivía con sus tres hijos en la escalera de un edificio ubicado en Playa, La Habana, fue trasladada a su provincia natal, Santiago de Cuba, en contra de su voluntad.
Según contó la activista Diasniurka Salcedo a ADN Cuba, Carbonell fue devuelta a Santiago de Cuba el 3 de octubre en un vehículo del régimen junto a dos de sus hijos menores.
“La dejaron en la dirección que tenía en su carnet de identidad, donde no radicaba durante más de seis años y donde vive una tía”, añadió Salcedo.
En septiembre pasado, la mujer fue desalojada forzosamente por las autoridades del régimen luego de que se denunciara su caso.
Según contó entonces Salcedo en su perfil de Facebook, la mujer y sus pequeños fueron sacados del lugar en un autobús estatal e inicialmente llevaron a Carbonell a la estación policial de Siboney.
“Por favor, compartan, han detenido a una madre por denunciar que vivía en la calle. Se llevaron los niños en guagüita; la tienen a ella en la unidad de Siboney”, pidió Salcedo.
Carbonell es madre de tres niños, incluida una bebé de un año, y no tiene acceso a una vivienda en la isla.
Dos días después de la denuncia pública en redes sociales por parte de Salcedo, ocurrió el desalojo y la detención.
“Los supuestos directivos de la zona conocen su caso y no hacen nada para resolverlo. Ella en reiteradas ocasiones ha ido a instituciones correspondientes y nada. Mientras, siguen como animales durmiendo en una escalera”, escribió entonces la opositora.
En las últimas semanas han trascendido varios casos de madres cubanas con amenazas de desalojo o cuyos desalojos se han hecho efectivos.
La mayoría de ellas ha ocupado instalaciones estatales abandonadas ante la falta de vivienda.
A inicios de septiembre ADN Cuba difundió la historia de Yisell Díaz Barrios, una madre cubana de la ciudad Pinar del Río que denunció amenazas de desalojo del local que ocupa en su centro de trabajo.
Díaz explicó en entrevista a ADN Cuba que recibió amenazas de llevársela presa y quitarle a sus hijos y que la citaron para decirle que la sacarán por la fuerza del local si no lo desocupa. Incluso le hicieron dejar su trabajo, según ella, como represalia por haber ocupado el inmueble.