LA HABANA, Cuba. – Lo que sucedió en una de las recientes sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, arremetió contra la labor importadora de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) es una muestra de que las cordiales relaciones que parecían existir entre el Gobierno y estas formas de gestión no estatal eran pura fachada.
El castrismo quiso aparentar, mediante el aumento del número de mipymes en el país, que la apertura económica marchaba a todo tren. Sin embargo, la realidad indica que el efecto cuantitativo en nada se relaciona con el beneficio que estas entidades le podrían reportar a la sociedad si el régimen permitiera que desplegaran todas sus potencialidades.
Es casi seguro que al ministro Gil, fiel defensor de la política de sustitución de importaciones, no le agrade el hecho de que las formas de gestión no estatal estén importando mucho más que lo que exportan. Mientras sus importaciones rondan los 270 millones de dólares, las exportaciones solo alcanzan los cuatro millones.
Después de afirmar que en las importaciones de las mipymes predominan los bienes finales y no los insumos y materias primas, el alto funcionario castrista señaló que “este es un sector que se integra a la economía nacional para su desarrollo, y en el cual se debe profundizar y corregir las distorsiones presentes”.
Aquí cabe aclarar que muchas de las mipymes privadas que hay en la Isla ―son muchas más las privadas que las estatales― eran cafeterías y otros negocios prestadores de servicios que pertenecían a trabajadores por cuenta propia, y que fueron obligados a convertirse en mipymes al contar con más de tres trabajadores contratados.
Entonces no tiene sentido hacer que esos negocios importen insumos y materias primas para producir, en lugar de seguir adquiriendo bienes finales (cervezas, maltas, refrescos), que era lo que comercializaban antes de reconvertirse en mipymes.
No se aclaró de qué manera las autoridades van a actuar para corregir lo que el señor Gil calificó como “las distorsiones presentes”. Lo que sí queda claro es que cualquier medida que los gobernantes adopten contra las mipymes o cualquier otro actor no estatal (cooperativa no agropecuaria y trabajadores por cuenta propia) va a redundar en la merma de la autonomía que estas entidades necesitan para desarrollar su labor con eficiencia.
Esta determinación de la cúpula gobernante de forzar a las mipymes a que importen lo que le conviene al Gobierno se agrega a la disposición inicial que obliga a los actores no estatales a realizar la actividad de comercio exterior por intermedio de una empresa estatal perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Como vemos, el castrismo se resiste a perder, aunque sea en lo más mínimo, el control que ejerce sobre la economía nacional.
Curiosamente, este señalamiento del ministro Alejandro Gil acerca de las “distorsiones presentes” en la labor de las mipymes casi coincidió en el tiempo con la visita que realizó a Cuba el señor Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para las Relaciones con el Exterior.
El funcionario europeo tuvo palabras de elogio hacia el aumento del número de negocios no estatales en la Isla, en particular de las mipymes, y dejó entrever que estos negocios eran clave para el ulterior desarrollo de la economía cubana.
Ignoramos si el señor Borrell pudo conocer las declaraciones del ministro Gil acerca de la labor importadora de las mipymes. De haberse enterado de ello, tal vez su cuota de optimismo no sería la misma.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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