Activismo feminista en Cuba, entre el descrédito oficial y la criminalización 


MIAMI, Estados Unidos. – En una entrevista concedida a la agencia española EFE, la activista cubana Yanelys Núñez, coordinadora del Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT), aseguró que, pese a que su labor esté “criminalizada” en la Isla, es “un gran paso” haber logrado colocar el flagelo de los feminicidios en la agenda pública y haber obligado al Gobierno al menos a pronunciarse.

Núñez, quien se encuentra exiliada en Madrid, relató a EFE el complejo proceso para registrar los crímenes feminicidas en Cuba, donde la falta de datos oficiales obliga a las activistas a “triangular la información ante cualquier alerta recibida por las redes sociales, los formularios online, correo electrónico o las observadoras”. Además, las activistas feministas se enfrentan a reticencias por parte de familiares y vecinos de las víctimas, quienes temen hacer denuncias públicas.

El trabajo de las activistas no ha tenido una proyección solo local, sino que ha ganado reconocimiento internacional. La asociación franco-argentina Mundo Sur incluyó al OGAT y la plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba en su mapa latinoamericano de feminicidios.

Por otra parte, el Gobierno cubano ha comenzado a reconocer públicamente el problema. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha pedido “tolerancia cero” con la violencia machista, aunque también ha afirmado que en el país se “exagera cualquier hecho delictivo” y, en particular, los de violencia de género. Recientemente, la fiscal general, Yamila Peña, admitió en una reunión del Partido Comunista de Cuba que 16.116 mujeres y niñas viven en “situación de violencia”.

Sin embargo, hay discrepancias entre los datos oficiales y los recopilados por las plataformas independientes. Mientras el Gobierno reportó 117 asesinatos machistas “al cierre de octubre”, sin especificar el período, las plataformas confirmaron 34 casos en 2022, lejos de los 16 reportados por la Fiscalía General.

Núñez expresó su “impotencia y frustración” ante cada nuevo caso y criticó la “criminalización” de su trabajo, señalando que “debería” contar con “el apoyo de las instituciones estatales”. 

Las feministas independientes cubanas han exigido una ley integral contra la violencia machista, la declaración de un estado de emergencia, refugios para las víctimas, campañas de sensibilización y la publicación de cifras oficiales actualizadas. Sin embargo, hasta ahora, “lo único que hemos recibido ha sido el silencio o el descrédito de nuestra labor”, lamenta Núñez.

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