Hay un sesgo racial discriminatorio en el sistema penal cubano, denuncia la ONG Prisioners Defenders en su informe publicado este miércoles en el que expone las cifras de los afrodescendientes que cumplen condenas políticas en las cárceles de la isla.
“Mientras el colectivo afrocubano representa el 33,7% de la sociedad, 843 de los 1.155 prisioneros políticos registrados a finales de abril de 2025, el 73%, son afrodescendientes. Es decir, 2,17 veces superior que su representación en la sociedad”, apunta el documento.
La organización documentó siete nuevos presos políticos en el mes de abril, lo que eleva la cifra total a 1.155. “Un manifestante, cinco activistas y un periodista fueron incorporados a la lista de prisioneros políticos en abril, cinco de ellos son afrodescendientes”, aclaró la ONG.
Javier Larrondo, líder de Prisioners Defenders, dijo a Martí Noticias que el estudio concluyó que “los afrodescendientes en Cuba son estigmatizados como criminales, lo que lleva a un aumento de su persecución policial, su encarcelamiento y su represión con violencia”.
“De los 843 prisioneros políticos afrodescendientes hemos identificado 809 hombres frente a 34 mujeres cumpliendo condenas de índole política o de conciencia. Dada la sobrerrepresentación de la población afrocubana en las condenas políticas y de conciencia cualquiera podría pensar que la condena media de esta población podría ser inferior a la de la población blanca. Pero sucede al revés”, agregó.
Según el estudio, la población penal afrocubana por motivos de conciencia sufre en promedio 1 año más de condena que la población blanca, “lo que vuelve a incidir en la existencia de un sesgo racial discriminatorio en el sistema penal cubano”.
En ese sentido Prisioners Defenders señala que la población blanca cumple un promedio de 8.6 años de condena por causas políticas y los prisioneros políticos afrodescendientes son condenados a una media de 9.7 años por las mismas causas.
“También reconocemos otros más de 11.000 civiles, jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren sentencias penales precriminales”, agrega el documento y señala que más del 80% de estos son afrodescendientes.
Estas sentencias son ejecutadas como parte de una supuesta “política de prevención criminal” a personas que supuestamente son “proclives a delinquir”. Se trata de “algo ilegal y macabro como concepto, que se usa para castigar y aleccionar a los jóvenes desafectos con el sistema imperante en Cuba”.