Dentro de las economías avanzadas, España fue en 2023 el país con un mayor crecimiento del consumo público, del 5,2% interanual, frente a un avance promedio del 1,9% en las economías desarrolladas y del 1,2% en la Eurozona, y volverá a repetir como el país con más gasto público de este tipo este año y el próximo.
Así lo recoge el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su World Economic Outlook publicado la semana pasada, en el que detecta crecimientos mucho más modestos de este componente del Producto Interior Bruto (PIB) en otras economías como Francia (donde aumentó un 0,8% el año pasado), Italia (1,9%), Reino Unido (0,6%), Estados Unidos (2,9%), Japón (0%) o Canadá (1,6%). En algunas como Alemania, incluso, este componente disminuyó respecto a 2022, un 0,1%.
Que en España el consumo público haya crecido más que en la media ha contribuido a que nuestro país tuviera el año pasado un crecimiento del PIB mucho más robusto que la media: del 2,7% frente a un promedio del 0,4% en la Eurozona.
Desde 2019, de hecho, el consumo público ha explicado el 59% del avance de la economía, como ha contado este diario, si bien este impulso quedó muy concrentrado en el año 2020, en el que fue necesario una expansión del gasto en áreas como sanidad o educación a raíz de la pandemia.
Pese a que en los últimos tres años la contribución relativa del consumo público ha sido más moderada, de en torno al 15%, es cierto que nuestro país lo está incrementándo a más ritmo que el resto y continuará haciéndolo este año y el próximo.
Según los pronósticos del FMI, el Gobierno y el resto de Administraciones Públicas elevarán su gasto en consumo un 3,8% este año, frente a una media en la Eurozona del 1,7% y del 2,2% en las economías avanzadas. En Alemania, por ejemplo, subirá un 1,9%; en Francia, un 1,4%, y en Italia se reducirá un 0,3%.
Lo mismo ocurrirá el año próximo, para el que el FMI proyecta un nuevo incremento del consumo público aunque más moderado, del 2,2% en España, aunque de nuevo por encima del promedio europeo (0,9%) y del de las economías desarrolladas (1,4%).
De esta forma, el sector público seguirá contribuyendo al avance del PIB, que el FMI espera que sea del 2,9% este año y del 2% el próximo, y quizá lo haga en mayor medida de lo que sería necesario dado el dinamismo de la economía y ante el retorno de las reglas fiscales. Distintos expertos han mostrado su sorpresa en varias ocasiones sobre el excesivo impulso que está suponiendo el consumo público y han apuntado que sería deseable que otros componentes tirarán del crecimiento, como por ejemplo la inversión, que en el plano empresarial sigue por debajo del nivel prepandemia.
El resto de componentes del PIB también crecerán en España más que en otros países, aunque no tanto como el consumo público. El consumo de los hogares repuntará un 2,2% este año -frente a un promedio en la Eurozona del 0,9% y del 1,7% en las economías avanzadas- y un 2% el próximo -también por encima del 1,3% europeo y del 1,6% de las economías avanzadas-; mientras que la inversión -medida por medio de la formación bruta de capital fijo y en la que se incluye la destinada a la vivienda- avanzará un 2,1% y un 3,1% respectivamente, frente a un descenso del 1,6% este año en la Eurozona y un repunte del 1,3% el próximo, menos de la mitad.
La demanda interna, por tanto, crecerá más en España que en el extranjero este año y el próximo, y lo mismo ocurrirá con la externa, si bien ésta aumentará en menor medida.
El consumo público es el gasto en aquellos bienes y servicios que ofrece la Administración, de manera gratuita o a precios económicamente no significativos, a los hogares o a la comunidad para satisfacer directamente las necesidades individuales o colectivas. Por tanto, no todo el gasto público es consumo público. En el consumo público se incluye el gasto en sanidad (ambulancias, hospitales, salud pública, etc.), en educación, en producir estadísticas oficiales, en alumbrado público, recogida de basuras, medicamentos, protección civil, seguridad o defensa, entre otros. No computa, por tanto, partidas del gasto público como el pago de las pensiones, la inversión pública, los intereses de la deuda, subvenciones y becas o cooperación internacional.