Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Más que orden y eficiencia, la Resolución 275 del 2024 del Ministerio de la Agricultura de Cuba lo que ha generado es molestia y preocupación entre los campesinos, no solo porque algunos consideran la nueva norma como una camisa de fuerza para obligarlos a vender la mayor parte de sus productos al Estado, sino porque los precios establecidos no tienen en cuenta los gastos en los que incurren los trabajadores agrícolas.
Sin contenerse demasiado, los hombres y las mujeres del campo ventilan sus opiniones en redes sociales a pie de surco: “Quien pone esos precios nunca se ha levantado a las dos de la mañana para ordeñar una vaca”, “cómo voy a vender el litro de leche a la industria a 38 pesos si está a 100 en la calle”, “le vendo al Estado un animal a 15 000 pesos y luego, cuando ellos lo procesan, le sacan 60 000 pesos sin haberle dado comida ni gastado un centavo en él durante años”.
Si bien tiene el loable propósito de priorizar la contratación de las empresas estatales con los diferentes actores del sistema agroproductivo, con vistas a satisfacer la demanda, respaldar el plan de la economía y los balances nacionales de productos, la normativa cae “en paracaídas” en medio de una severa crisis signada por la dependencia de las importaciones y los elevados precios de los alimentos, por lo que nadie confía en que pueda solucionar por sí misma el antológico problema de la comida en Cuba.
Concebida para organizar y controlar la comercialización de bienes agropecuarios, forestales y tabacaleros para 2025, la resolución se aplica a todos los actores de la base productiva del sistema de la agricultura: cooperativas agropecuarias, empresas y unidades empresariales de base, mipymes estatales, privadas y mixtas, propietarios y otros poseedores de tierra y productores agropecuarios y forestales, en un país en el que solo se explota el 32 por ciento de la superficie agrícola, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información.
Aunque están conscientes del terrible efecto que sobre la agricultura provoca el déficit de fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, combustibles y alimento animal, las autoridades cubanas culpan de la escasez de comida al paso intermedio de la contratación, aferrados al dato de que hasta julio pasado habían incumplido con esa fase unos 9 100 productores, de acuerdo con el informe presentado en la más reciente sesión del parlamento.
La inminente aplicación de la medida no solo ha levantado polémica entre los productores, sino también entre los expertos, quienes han señalado que esta resolución parte de un diagnóstico equivocado, al asumir que la contratación inadecuada es la causa significativa de la débil capacidad de respuesta de oferta del agro.
El reconocido economista Pedro Monreal advirtió en su cuenta en X que la nueva resolución del Ministerio de Agricultura pudiera ser el peor traspié de política económica en Cuba desde el ordenamiento, una apreciación que ha hecho saltas las alarmas.
Para Monreal, se invierte la dinámica de la conexión entre producción y distribución. “En realidad, es el fallo de oferta derivado de la carencia de insumos e infraestructura, la baja inversión y mercados disfuncionales lo que origina problemas de contratación”, añadió.
Más allá de los términos academicistas que se empleen para definir el fenómeno, los guajiros coinciden con los expertos en que la norma está provocando desde ya un aumento de la incertidumbre y un alza de los precios de los productos agropecuarios en el mercado informal, que es, en definitiva, donde único encuentran —cuando encuentran— la comida los cubanos.